La sentencia del TSJC reconoce que el origen de la asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar que afecta a un exempleado del Metro de Barcelona actualmente jubilado es consecuencia de la «exposición crónica al amianto» en su puesto de trabajo en los talleres de Vilapicina como mecánico del suburbano.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reiterado en una nueva sentencia que en el Metro de Barcelona «existen materiales con amianto y durante años ha estado presente en partes de los convoyes, ya sea en los motores o en las zapatas de freno, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto al ambiente, especialmente en los túneles». Una situación que ha perdurado durante décadas y que, a criterio del TSJC, provocó la «exposición crónica» e «intensa y constante» a este material cancerígeno de Rafael Rubio, mecánico-tornero durante 44 años en los talleres de Vilapicina (Barcelona).
Así lo ha estimado el TSJC en una sentencia que desestima el recurso interpuesto por Metro de Barcelona contra la sentencia previa del Juzgado Social nº 4 de Barcelona que declaraba al exempleado, actualmente jubilado, en situación de incapacidad permanente total derivada de la exposición al amianto en el ámbito profesional. Se trata, por tanto, de una resolución de especial trascendencia jurídica, ya que es el primer caso resuelto por el TSJC en referencia a un trabajador que todavía está vivo y que inició el procedimiento de reclamación judicial mientras aún prestaba servicios en la empresa pública de transportes.
En una rueda de prensa ofrecida en la sede del Col·lectiu Ronda, Rafael Rubio, el antiguo mecánico, se mostró «contento de que finalmente se reconozca la realidad del Metro» respecto a la presencia de amianto en los convoyes y las instalaciones del suburbano. «Desde los años 70, todo tenía amianto: las zapatas de freno, los apagachispas, las mantas para evitar quemaduras durante los procesos de soldadura... en todas partes había amianto», explicaba Rafael, quien recordaba que los trabajos en los talleres de Vilapicina «se hacían sin ninguna medida de seguridad, solo con unos vasos de leche que nos hacían beber con el argumento de que así el polvo no nos afectaba tanto». El exmecánico, que lamentó que sus pulmones «van cada vez a peor, obligándome a convivir a diario con dos inhaladores», criticó duramente a su antigua empresa «por tener el valor de seguir negando la evidencia». Una sensación compartida por Àlex Tisminetzky, abogado del Col·lectiu Ronda que lo representa en este proceso, quien explicó que «a día de hoy, Metro de Barcelona continúa negando la exposición de sus trabajadores al amianto e insiste en que, de existir algún caso de exposición accidental, solo puede darse entre el personal mecánico y de talleres. Un hecho que el TSJC ya ha negado en dos sentencias, declarando que la presencia de amianto no se circunscribe a lo que ellos denominan ‘personal de material móvil’ en talleres, sino que el amianto se puede encontrar en muchos otros puntos de la red de Metro y ha estado presente en muchos componentes de los convoyes. Toda la plantilla ha estado potencialmente expuesta al amianto liberado al ambiente».
Ampliar el seguimiento médico
Ángel Muñoz, representante de CGT en el Metro, sindicato al que ha estado afiliado Rafael Rubio, recordó que tras las huelgas con amplísimo seguimiento que en los años 2018 y 2019 protagonizó la plantilla del Metro en protesta precisamente por la presencia de amianto y la inacción de la empresa, se inició el proceso de desamiantado de las instalaciones, pero este «todavía no ha finalizado y a día de hoy sigue habiendo amianto». Las huelgas y protestas también propiciaron que Metro de Barcelona iniciara un proceso especial de vigilancia de la salud, pero este, como explicó Muñoz, «se limita al personal de mantenimiento». De hecho, estas revisiones médicas sirvieron para detectar en un primer momento 28 casos de patologías que la empresa reconocía que eran «compatibles con la exposición al amianto en el lugar de trabajo», pero a día de hoy, transcurridos seis años, Muñoz lamentó que «esta cifra se mantiene inalterada. En este tiempo, la empresa no ha reconocido ningún nuevo caso porque cuando en las revisiones se detecta una patología de estas características, se niega a admitir que puedan tener relación con el amianto en el lugar de trabajo, obligando a personas como Rafael a acudir a los tribunales». Además, el representante de CGT denunció que «la empresa no está ampliando la vigilancia de la salud a toda la plantilla como sería necesario después de haberse acreditado que la presencia de amianto va mucho más allá de los talleres mecánicos e, incluso, está incumpliendo los acuerdos que se firmaron tras las huelgas para cambiar de puesto de trabajo o facilitar la jubilación anticipada de las personas afectadas por patologías vinculadas a la exposición al amianto».
Àlex Tisminetzky instó a Metro de Barcelona a aceptar «la evidencia de que su plantilla ha estado expuesta de forma intensa al amianto» y no obligar a las personas afectadas «a iniciar largos procesos de reclamación judicial para acceder a sus derechos y obtener el reconocimiento que les corresponde». Lamentablemente, el abogado del Col·lectiu Ronda indicó que en los próximos meses está prevista la celebración de los juicios correspondientes a 6 nuevos casos de trabajadores del Metro de Barcelona por causa del amianto, «y tendremos muchos más en el futuro, porque las patologías causadas por el amianto tienen periodos de latencia muy largos y pueden manifestarse incluso hasta 40 años después de la exposición».
